Una vez publicadas las bases que regularán los procedimientos de recolocación y
de redistribución del personal docente en los centros públicos gestionados por la
Generalitat Valenciana nos damos cuenta del ataque que estos simbolizan a la clase
trabajadora.
Del Art.2 y Art.3 podemos extraer que todo profesor estará sometido a
modificaciones en su jornada laboral, modificaciones en su destino e incluso a
la supresión del centro cuando el número de puestos de trabajo dentro de una
determinada especialidad sea inferior al número de funcionarios de carrera en este
centro. A aquellos "suprimidos" se les adjudicará diferentes destinos dentro de la
Comunidad Valenciana con carácter provisional obligatorio.
Tras la llamada "planificación educativa" el personal docente se puede ver en la
situación de no poder impartir el número de horas exigido. Pero sorprendentemente
encuentran la solución.
El profesorado, de forma voluntaria, podrá impartir otras materias en el mismo
centro. De no ser posible la opción anterior, podrá completar su horario en otro centro
de la Comunidad Valenciana, trabajando así en dos centros diferentes . Como última
opción, podrá ser suprimido voluntariamente.
La solución forzosa recoge casualmente las mismas opciones, pero incluyendo en
último término la negación total por parte del personal docente (con la consecuente
reducción de retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la
jornada lectiva no realizada.)
El personal que sea desplazado pero que por motivos de disponibilidad educativa no
se le pueda adjudicar otro centro (¿acaso no se dan cuenta de que si en cada centro
suprimen a 5 profesores no habrá ninguna plaza que adjudicar en toda la Comunidad?)
permanecerá en su centro viendo modificado su horario por la dirección del mismo.
Para terminar de propagar la desorganización trabajadora se prohíbe reajustar de
forma voluntaria los horarios del resto del personal para establecer jornadas laborales
uniformes que mitiguen la reducción en la retribución.
